El Postigo

La leyes y las personas

José Joaquín Rodríguez Lara

El intento de imputación de la infanta Cristina protagonizado por un juez de instrucción convulsiona la actualidad española.

Para muchas personas, ya era hora de que el juez que lleva el caso Nóos, llamara a declarar a la hija menor del jefe del Estado. La llama como imputada, que no como testigo ni tampoco como acusada.

Para otras, la imputación pone de manifiesto que los familiares del monarca español están desprotegidos frente a los tribunales ordinarios.

Argumentan que, aunque la Constitución establece en su artículo 56 que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, sus familiares, desde el heredero de la corona hasta la última persona con libre acceso a palacio, pueden ser llamados a declarar y sentados en el banquillo por cualquier juez.

El tratamiento como personas reales que conceden las leyes españolas a las reales personas contrasta con la protección exagerada que ese mismo ordenamiento jurídico otorga a los políticos y a otras autoridades patrias, que no pueden ser imputadas ni, por supuesto, procesadas sin que lo aprueben las instituciones a las que pertenecen y que, en el caso de ser juzgadas, suelen comparecer frente a magistrados de altos tribunales y no ante un juez de base en un juzgado de instrucción de provincias.

Su alteza real Cristina de Borbón y Grecia,
infanta de España.

Ciertamente es esta una asimetría chocante pero, en cualquier caso, lo que sobra y habría que corregir es la protección judicial excesiva de la que disfrutan el presidente del Gobierno, sus ministros, los presidentes del Congreso y del Senado, los diputados y senadores, los presidentes de los gobiernos autonómicos, los miembros de esos gabinetes, los parlamentarios autonómicos, los presidentes del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, los vocales del Consejo General del Poder Judicial y, seguramente, alguna irrealidad sociopolítica más con autoridad suficiente para ello. 

Su señoría José Blanco López,
diputado de España.

¿Quién ocupa un cargo deja de ser persona de carne y hueso?

¿Delinque el cargo o el ciudadano que lo desempeña?

¿A quién protegen las leyes, a la sociedad o a la autoridad?

Que sea necesario presentar un suplicatorio y obtener el beneplácito de los amigos, compañeros y colegas de un diputado para poder procesarle en la práctica coloca a esa persona fuera del imperio de la ley y al amparo del favor -o al desamparo de la animadversión- del círculo de representación en el que actúa. Y no debería ser así. Nadie tendría que estar por encima ni tampoco por debajo de la ley; ni siquiera el rey de España y su hija la infanta Cristina. Son las leyes y no las personas las que garantizan la existencia de la sociedad. Si a la infanta Cristina se le diese el mismo trato que a los parlamentarios y demás aforados nacionales y regionales, su imputación no sería posible, aunque un juez de instrucción la considere inevitable, salvo que la aprobasen los padres, hermanos, hijos, sobrinos y demás parientes de la mismísima Cristina de Borbón y Grecia. ¿Sería lógico? Pues para los políticos no solo es lógico la existencia de semejantes tribunales en familia, sino que ocurre cada día; ahí está el caso del ex ministro José Blanco, que mantiene su condición de aforado a la espera de ver lo que hace el juez y deciden sus colegas diputados. 

Cualquier delincuente celebraría que no se le pudiese juzgar sin que antes hubiesen dado su consentimiento, aprobando el suplicatorio correspondiente, los demás delincuentes. Como mal menor, el procesamiento de un aforado tendría que aprobarse no en el ámbito de actuación del justiciable, sino en una instancia jurídica superior a la que plantea la imputación o, en su caso, el procesamiento. 

La imputación de la infanta Cristina es un argumento más para reformar la Constitución. Pero no para proteger a la real familia, sino para equilibrar las protecciones y beneficiar a la sociedad. La ley es una necesidad social, no un techo que ampara a una parte de la ciudadanía mientras aplasta con su peso a la otra. Una España sin burladeros judiciales sería más democrática, más justa y seguramente más honrada que un país de sinvergüenzas embozados en sus privilegios.